Gerencia Pública

Gerencia Pública y Modernización del Estado [1]

RESUMEN

Los cambios en las relaciones interpersonales, en las formas de organización y en el surgimiento de nuevos productos y servicios son algunos de los rasgos del nuevo entorno que impulsa a los gestores estatales a buscar nuevas formas de organización y dirección de las relaciones estado-sociedad.

En la búsqueda de dar respuestas a los nuevos desafíos del entorno, aparece un nuevo paradigma de gerencia pública, aun en construcción, inspirado en los principios del management privado, pero que debe responder a las complejidades políticas de la administración publica tradicional y a las restricciones de la cultura burocrática.

Tanto la modernización del Estado como de la gerencia pública se conciben como eternos procesos de cambio permanente que buscan responder a las necesidades que plantea el entorno, para lo cual se requiere organizaciones flexibles y adaptativas y gerentes públicos innovadores que logren crear espacios de participación democrática en la nueva gestión pública en construcción.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo trata de establecer la relación existente entre la modernización del Estado y el paradigma emergente de gerencia en general y de gerencia pública en particular, así como la necesidad de consolidar, aprender y difundir ese nuevo enfoque entre los gerentes encargados de gerenciar los procesos de modernización del Estado y sus administraciones públicas.

El primer apartado señala los principales rasgos del entorno que influencian la modernización del Estado. Un segundo apartado aborda el concepto de modernización del Estado y la necesidad de un nuevo management público que responda a los procesos de modernización. Por ultimo se analiza el paradigma de gerencia en general y de gerencia publica en particular.

1. Tendencias  del nuevo entorno

Ante los retos que impone la planetarización de las relaciones comerciales de las relaciones comerciales entre los países, surge la necesidad de rediseñar y readecuar los Estados a las nuevas circunstancias. Este nuevo contexto en que funcionan los Estados y sus administraciones públicas, presentan una serie de signos que no se pueden obviar sobretodo en lo relacionado con el surgimiento de nuevos productos y nuevos servicios, además de la explosión de nuevos modelos organizativos que pretenden hacer frente a las cambiantes condiciones del entorno. Las características de este nuevo entorno son:

ü  Redefinición del comercio internacional, globalización, integración de mercados (TLC, MERCOSUR, Unión Europea, etc.).

ü   La nueva política económica que privilegia al mercado como asignador de recursos.

ü  Superposición contraposición de las dimensiones política, económica y social.

ü  Surgimiento de nuevos productos y servicios y nuevas modalidades en la prestación de los mismos.

ü  Nuevas modalidades de gestión y nuevas formas de acción.

ü  Disminución y nuevo rumbo de la cooperación internacional.

ü  Redefinición del concepto de competitividad.

ü  Redefinición de los conceptos de cliente, proveedor, mercado y servicios.

ü  Percepción de las organizaciones como “conglomerados de proyectos

Los elementos apuntados anteriormente y un paradigma de gerencia que privilegia directamente el cliente o consumidor como la razón de ser de las organizaciones, empresas o el Estado mismo, hace que veamos al Estado y a la gerencia pública en una perspectiva totalmente diferente al paradigma burocrático imperante hasta ahora, de tal suerte que se asiste a una clientelización de las relaciones entre las personas y las organizaciones sean estas públicas, privadas o sin fines de lucro.

Dicho enfoque es correcto en tanto el cliente es el centro y la razón de ser de las organizaciones de cualquier tipo, en términos que el consumidor debe ser objeto de los mejores productos y servicios al mejor costo posible. Sin embargo, si hablamos de cliente y de consumidor, estamos suponiendo que las personas, desde el punto de vista económico son capaces de consumir, por lo tanto de comprar bienes y servicios en un mercado competitivo que asegure la mejor calidad y el mejor precio en un momento determinado que se efectúa la transacción monetaria mercantil, es decir, la compra de esos bienes y servicios.

Sin embargo, se sabe, que ni los mercados son de competencia perfecta, ni todos tienen acceso a comprar bienes y servicios en el mercado. Es en esta situación donde se hace necesaria la intervención del Estado para asegurar el acceso a las personas al menos a los bienes y servicios básicos, mediante la formulación y ejecución de políticas publicas tendientes a asegurar el bienestar de toda la sociedad y el mantenimiento de la igualdad de oportunidades.

[1] Tomado de Alfaro F. Navarro Vargas. Consultado en http://bit.ly/1CsB4k5

Proceso Adminitrativo

¿Qué es el proceso administrativo?[1]

 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos, materiales, etc., con los que cuenta la empresa. 

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones: 

PLANEACIÓN: 

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un organismo social, es decir, consiste en determinar lo que va a hacerse. 

ORGANIZACIÓN: 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes funciones. 

INTEGRACIÓN: Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social, la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación del personal. 

DIRECCIÓN: 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos la dirección contiene: ordenes, relaciones personales jerárquicas y toma de decisiones. 

CONTROL: 

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren. 

Consiste en establecimiento de estándares, medición de ejecución, interpretación y acciones correctivas. 

[1] Consultado en http://bit.ly/1D2bSG2

Bienvenid@s

Gestión Pública

La nueva Gestión Pública, una herramienta para el cambio

http://vimeo.com/29063727

El New Public Management surge como un paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar herramientas de la gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos, y que propugna por la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos con un enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la satisfacción de las demandas sociales[1]

Introducción

El presente trabajo intenta sistematizar, a partir de material bibliográfico actualizado, las distintas visiones teóricas del denominado “nuevo paradigma de la gestión pública”, identificando tanto la utilidad como las limitaciones de los conceptos y las técnicas provenientes de esta orientación, que ha tenido un carácter rector en las reformas estatales conocidas como de “segunda generación”. El fenómeno de la Nueva Gestión Pública (NGP), o también referenciado como New Public Management (NPM), aunque se inserta en un proceso global de transformación del Estado, se ha difundido enérgicamente a nivel mundial como eje central para el cambio y la modernización de las administraciones públicas, en países con tradiciones institucionales tan disímiles como Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Francia, Australia, incluyendo los de la propia región de América Latina.

Significativamente, una vez transcurrido el activo proceso de reestructuración tendiente a minimizar el rol del Estado en diferentes esferas de la actividad económica y social, desde los propios organismos internacionales se impulsa una variante crítica de las políticas derivadas del “Consenso de Washington”, haciendo énfasis en la ampliación de la capacidad institucional y en la eficacia de la acción estatal para el buen funcionamiento de los mercados. En esta línea, el Informe del Banco Mundial de 1997 pone a consideración un conjunto de medidas que, en el terreno estrictamente administrativo, apelan al fomento de una mayor competencia (por ejemplo, a través de un sistema de contratación basado en los méritos), a la apertura de las “principales instituciones gubernamentales” (a fin de romper el monopolio estatal), a la descentralización y a la instrumentación de prácticas de participación ciudadana (por ejemplo, encuestas de clientes, cartas de derechos ciudadanos, etc.)(Banco Mundial,1997)1

Acorde con estos principios, las reformas encaradas por los países de la OCDE han puesto el acento en (...) “organizar el gobierno en grupos de agencias y departamentos (...); en la adopción de tomas de decisiones estratégicas y orientadas a la obtención de resultados, utilizar objetivos de output, indicadores de rendimiento, pagos en relación con los resultados y medidas de mejora de la calidad; en recortar los gastos (...); en una mayor flexibilidad; en una mejora de la eficiencia en la prestación de servicios públicos; en la promoción de la competencia en el ámbito y entre organizaciones del sector público” (Suleiman, 2000: 4).

De este modo, la nueva “generación” de reformas prioriza una serie de transformaciones “hacia adentro” del Estado (Oszlak, 1999), apoyadas cada vez más en las ideas básicas provenientes de las ciencias de gestión o del management, cuya legitimidad como fuente de propuestas para mejorar el desempeño del sector público encuentra sustento en la experiencia “exitosa” acumulada en el sector privado durante las últimas décadas. Sobre esta suposición existe hoy, en el seno de los analistas y estudiosos del tema, una alta coincidencia. Sin embargo, aún con todo su potencial para contribuir a fortalecer la labor del Estado, los especialistas plantean la necesidad de circunscribir su utilidad. Como se pondrá a consideración, la aproximación de algunos autores pone en tela de juicio los fundamentos ideológicos y culturales a partir de los cuales cobran sentido un conjunto de técnicas y prácticas de “aparente neutralidad”. En este sentido, (...) “la limitación fundamental del paradigma institucional del management, tal como se ha construido en el sector privado e importado al sector público, es su pertenencia a una lógica de racionalidad económica individual y egoísta, concebida para ordenar el comportamiento de una organización independiente. Trasladar esa lógica al sector público presenta claras insuficiencias, ante la necesidad de observar valores colectivos y atender la exigencia de colaboración interinstitucional, imprescindible en la gestión de numerosas políticas públicas” (Echebarría y Mendoza, 1999: 40-41).

Por otra parte, la experiencia internacional señala que -en la mayoría de los casos- la incorporación de las técnicas del management no fue acompañada con la recreación de mecanismos que hubieran favorecido el desarrollo de una nueva “cultura de la responsabilidad”, capaz de reordenar la interrelación entre funciones políticas y administrativas, en lugar de sustituir la supervisión de burócratas y políticos por el control a través de principios de mercado. Desde esta óptica, se rescata el componente político que, necesariamente, lleva implícita toda reforma de la administración, no sólo en términos de su legitimación, sino como precepto clave para definir el rumbo de los cambios.

Particularizando ya en el caso de América Latina, cabe preguntarse, además, acerca de la posibilidad real y la conveniencia de introducir una lógica “gerencial”, dando por supuesto que dicho modelo superará al tradicional weberiano, en países donde la mayoría de sus administraciones públicas se caracterizan por la pervivencia de sistemas clientelares y/o patrimonialistas de profundo arraigo. Para los especialistas de la OCDE, se acepta cada vez más el hecho de que uno de los orígenes del mal funcionamiento del sector público es precisamente la falta de formalidad y respeto a las normas que impera en la cultura administrativa de la región (Burky y Perry, 1998; Evans, 1992; Shepherd, 1999). Concretamente, se apunta que la mayoría de las técnicas de gestión “favorecen la ampliación de la discrecionalidad de los altos funcionarios, aunque de esta forma los organismos que ellos conducen ganan en flexibilidad y eficiencia. Sin embargo, es muy factible que en algunos casos ocurra la violación de la tenue barrera que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción” (Joaquín y Losada, 1999:4).

Para tratar de abarcar los puntos sustantivos del debate abierto en torno al fenómeno de la NGP, partimos del estudio sobre las principales orientaciones y tecnologías reconocidas como preponderantes para el proceso de modernización, destacando sus posibilidades y restricciones de orden técnico que limitan la capacidad de adaptación al sector público cuando se pierde de vista su especificidad y complejidad. Asimismo, se pondrán de manifiesto aquellos tópicos de carácter cultural, ideológico y político que atraviesan la discusión acerca de si el Estado se recupera con más impronta privada o “publificando” la administración (Cunill Grau, 1997).

Las reflexiones finales pretenden aportar un conjunto de observaciones a tomar en cuenta durante el desarrollo del proyecto de investigación y relevamiento de indicadores de gestión para el monitoreo de las políticas de modernización en el sector público argentino, a los fines de evaluar las implicancias directas e indirectas derivadas de toda estrategia de cambio en las organizaciones públicas[2]

[1]. Andres Navas Quintero. Consultado en:http://bit.ly/1eCvvnq

[2]. Andrea López. Dirección de Estudios e Información. Serie I: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado Documento Nº 68 La Nueva Gestión Pública: Algunas Precisiones para su Abordaje Conceptual. Consultado en:http://bit.ly/1gM5Fk2

Crisis del Capitalismo

España abandona el Euro

Este documento evalúa los costos económicos, políticos y los beneficios  de una posible  salida de España del euro, así  también  hace referencia a las implicaciones que   esto tendría al optar  una nueva moneda con relación a  la deuda pública y privada. En base a un diagnóstico inicial de la situación actual de Europa y particularmente de  España se evalúa las consecuencias positivas y negativas que tendría para la economía española un abandono del  euro.

En el presente documento se hace también una breve reflexión sobre la parte legal en el sentido de una posible salida de España del euro.

Evaluación de los costos económicos, políticos y beneficios de la salida de España del Euro

Antes de iniciar con la Evaluación de los costos económicos, políticos y beneficios de la salida de España del Euro, es muy importante conocer si legalmente es posible que un país miembro de la UE puede abandonar el Euro, para ello en base a un documento de trabajo del Banco Central Europeo[1], a continuación se hace una breve reflexión sobre los aspectos jurídicos de esta pregunta.

Antes de que sea aprobado  el Tratado de Lisboa (2007), los tratados no contemplaban la  salida de un país miembro ni de la Unión Europea ni del euro. “La integración europea  se entendía como permanente, irreversible, de duración ilimitada y encaminada a una  unión progresivamente más estrecha. Aún así, podría ser jurídicamente aceptable un  abandono de la Unión Europea (que conllevaría también el abandono del euro por ser un  subconjunto de la Unión) si se acordase por unanimidad, pues esto equivaldría a una  modificación de los tratados firmados. Por el contrario, la retirada unilateral sería ilegal ya que, aunque los países sean soberanos, han limitado voluntariamente esa soberanía”[2]

Sin embrago, en la práctica es muy difícil evitarlo, ya que no se puede obligar bajo ninguna circunstancia a ningún país soberano a cumplir lo acordado.

Ante posibles eventualidades de que un país opte por abandonar el euro,  el Tratado de Lisboa incorpora en su Artículo 50 una cláusula de salida. En ella se establece el mecanismo de separación voluntaria de un país miembro que desee abandonar la Unión Europea[3].

“Para cumplirlo debe, en primer lugar, informar de su intención al Consejo Europeo. Éste establecerá las líneas generales que permitan negociar un acuerdo de salida. El acuerdo lo aprobará el Consejo por mayoría cualificada (no por unanimidad) tras lograr el consentimiento del Parlamento Europeo. En el caso de no alcanzarse tal acuerdo, el país que desea salir podrá hacerlo unilateralmente, transcurridos dos años desde que informó de su voluntad”[4].

España en un escenario en el cual abandona el euro.

La actual crisis económica y política de varios países de Europa está generando varias  propuestas, algunas de estas van desde la necesidad de reestructurar la deuda pública hasta aquellas propuestas más drásticas que proponen el abandono  del euro.

La situación actual de varios países de Europa no es nada alentadora, España  se encuentra  en recesión, tiene  problemas de competitividad, elevados niveles de deuda pública y grandes dificultades para acceder al financiamiento[5].

“Salir del euro significa, fundamentalmente, que España  debe tener una moneda propia cuya emisión y control dependerá del Banco de España, que recuperará así su papel histórico”[6]. Al consolidarse este hecho, al Banco de España se le devolvería sus funciones de emisor de una moneda y prestamista de última instancia para el conjunto de la economía española. “La pérdida de la soberanía monetaria supuso la pérdida de un resorte fundamental para controlar la evolución económica del país atendiendo a las necesidades económicas y sociales”[7].

Una de las más grandes fallas del euro y una de las causas principales  de la crisis actual en Europa es que desde un inicio se determinó una única política monetaria para todos los países integrantes, sin tomar en cuenta que dichos países  eran  totalmente diferentes entre ellos, y además arrastraban  grandes problemas.

Para analizar los costos de una posible salida de España del euro, debe considerarse que no puede pensarse en una salida del euro sin tomar en cuenta  que ello implica una reestructuración de la deuda pública y, además de la deuda privada, en el caso de las entidades privadas las negociaciones son específicas de cada empresa.

España al salir del euro, optaría por una nueva moneda, el volver a  “la peseta”, tendría  muchas cosas a  favor, en un inicio lo que debería hacer el Banco de España es fijar el valor de cotización frente al euro, y a partir de esa cotización deberá fijar su valor con respecto a otras monedas. Sin lugar a duda  la peseta tendrá que sufrir una devaluación muy importante con respecto a su  valor actual, esta devaluación aumentaría de forma significante  la deuda pública en términos del PIB, de manera tal que la mayoría de las obligaciones devendrían en impagables.  En el presente documento se  analiza en un principio sobre los beneficios y costos desde la óptica  económica, sin embargo también se analizará y se argumentará desde la óptica política, que son de gran relevancia. 

España al abandonar el euro como moneda y al volver a las  “pesetas”, supondría que volvería a dirigir su política monetaria, al retomar el control sobre su moneda. “La devaluación de la propia moneda es la principal ventaja que se esgrime ante una hipotética salida del euro”[8], ya que, en un inicio, España sería más competitiva frente a otros países de la UE, ya que podría exporta más y los  precios serían más baratos. De la misma manera el  sector turístico sería beneficiado de esta medida, ya que a los extranjeros les resultaría más económico viajar a España.

Como se anotó, con la devaluación de la moneda  las exportaciones se verían estimuladas, sin embargo también  las importaciones estarían frenadas, todo esto  dependiendo, de la magnitud de la devaluación y de la flexibilidad o elasticidad de las importaciones al encarecimiento de los precios interiores, a través de los cuales se tiene que operar la mejora y cierre del déficit exterior[9].

Lo anterior anotado corresponde a los beneficios que España obtendría al salir del  euro, sin embargo es muy importante saber que  la devaluación trae consigo otras implicaciones, y es así que esto también representaría una pérdida progresiva del valor de la moneda nacional, una mayor inflación y unos altos tipos de interés. A la larga, las devaluaciones sucesivas suponen el deterioro de las economías, porque se exporta más barato, pero no se puede importar, pues los precios exteriores resultan muy caros. Algunos analistas estiman que la nueva moneda “se depreciaría una media del 50%, con lo que las familias y las empresas serían un 50% más pobres. Así, la devaluación monetaria traería consigo un empobrecimiento generalizado de todo el país”[10]

La perdida del valor inicial de la nueva moneda respecto al euro sería muy considerable, tomando en cuenta el deterioro de la competitividad de España  frente a países vecinos países  de la Unión Monetaria. Además, también hay que tomar en cuenta  que el  mercado de divisas sobre reaccionaria en un primer momento, mostrando  no sólo la competitividad perdida sino también el escenario de incertidumbre generado ante el abandono del euro.

En este mismo sentido hay que tomar en cuenta la magnitud de los activos financieros en términos del PIB en España. Según  datos del 2010 del Banco de España los Activos financieros con residentes de las entidades financieras en porcentaje del PIB, alcanzan un 198%[11]. Una devaluación tornaría en incobrables una parte considerable de los créditos del sistema financiero otorgados en euros. Con este escenario el intento de renegociar los pasivos en euros de España   sería inimaginable, difícilmente quedará un euro en depósitos bancarios en las entidades bancarias de España, y una de las reacciones posibles es que  el contagio se generalizaría a toda Europa.

Referencias Bibliográficas

[1]ATHANASSIOU, P. (2009): "Withdrawal and expulsion from de EU and  EMU". Legal Working Paper Series nº 10, Banco Central Europeo. Consultado en:  http://bit.ly/GRYfjb 

[2] [3] [4]Breve nota sobre los efectos económicos de una salida del euro. Consultado en: http://bit.ly/1ayMNSj

[5]Una Evaluación de la Crisis Europea: Europa en su laberinto. Consultado en: http://bit.ly/1aBo0Ng

[6] [7]Consecuencias de la salida de España del Euro. Pedro Montes. Consultado en: http://bit.ly/OpcUDE

[8] Qué efectos tendría para España la salida del euro. Consultado en: http://bit.ly/14LhyVL

[9] [10]Consecuencias de la salida de España del Euro. Pedro Montes. Consultado en: http://bit.ly/OpcUDE

[11] España: Indicadores económicos y financieros. Consultado en: http://bit.ly/16YEXop